Corrupción en Cámara de Comercio de Villavicencio – Otras Ciudades – Colombia



A un plan estratégico de salvamento está sometida la Cámara de Comercio de Villavicencio seis meses después de que estuvo a punto de ser intervenida por el desorden administrativo y financiero en que se encontraba.

Tenía un endeudamiento de más de 5.000 millones de pesos y cuentas por pagar de 2.000 millones, la Superintendencia de Industria y Comercio le impulsó una sanción de 119 millones de pesos, que debe pagar en tres años, y le iban a quitar a Vichada, uno de los cuatro departamentos de su jurisdicción.

En mayo pasado la Superintendencia citó a una junta extraordinaria en la que les advirtió a los integrantes de la junta directiva que la iba a intervenir por el desorden y los escándalos en que estaba involucrada.

No obstante, algunos directivos, especialmente los que habían llegado a comienzo del año pasado, habían hecho algunas denuncias y suspendieron la contratación al entonces presidente ejecutivo, Leonardo Baquero García. Tiempo después, solicitaron a la Superintendencia que les diera una oportunidad para recuperar la Cámara de Comercio.

En la Superintendencia de Industria y Comercio les aceptaron esa propuesta, pero les impusieron condiciones: tenían que nombraran un presidente ejecutivo que no sea de Villavicencio, experto en cámaras de comercio y en el tema financiero.

De varios nombres que evaluaron los integrantes de la directiva, finalmente nombraron a Mauricio Vega, con trece años de experiencia en cámaras de comercio y que hacía un año había ejercido como presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira, que aceptó el reto a partir del 31 de julio.

Al recibir la entidad lo primero que encontró es que no había flujo de caja para pagar las nóminas de noviembre y diciembre, que el presupuesto y la nómina eran inoperantes, y 26 órdenes de prestación de servicios (OPS), también conocida como nómina paralela.

Vega sostiene que “en las cámaras de comercio eso está prohibido porque todos los empleados deben estar vinculados con su contrato laboral, tanto para blindar a la entidad como al trabajador y si nosotros somos el referente empresarial e institucional debemos dar ejemplo”.

Las únicas OPS que deben existir son para revisoría fiscal, asesor externo para temas laborales y un asesor para que apoye en los asuntos de Superintendencia, Contraloría y Procuraduría, y si es necesario un funcionario por renovación de matrículas lo contrata tres meses.

Política, contratos y sindicatos

Vega sostiene que de las 57 cámaras de comercio del país la de Villavicencio era la única que tenía sindicato cuando llegó a finales de julio.

A esto se suma que, en agosto, a los pocos días de asumir al cargo, tuvo que declarar la vacancia automática del directivo William Hernández porque se inscribió como candidato al concejo de Villavicencio y una de las inhabilidades de las cámaras de comercio es utilizarlas para hacer política.

En torno a la posibilidad de que varios de los que  se sindicalizaron el 2 de septiembre pasado eran funcionarios recomendados por Hernández, Vega respondió que no tiene la seguridad de que así sea “pero es mucha coincidencia que entre 26 y 27 personas crearan ese sindicato”. 

Y pese a que al presidente ejecutivo -Leonardo Baquero- le habían suspendido las facultades para contratar, del 6 al 30 de junio suscribió seis contratos por 643 millones de pesos.

La obligación mía es salvaguardar los intereses de la Cámara y de la región y como el procedimiento estaba mal hecho, me reuní con la junta directiva para echarlo para atrás esa sociedad

A todo lo anterior, se suma que la CCV participaba de una agencia de promoción de inversiones denominada Invest In Orinoquía, con la alcaldía de Villavicencio y unos empresarios privados que no son de la región, con compañías recién creadas, con dos o tres meses de constitución, que generan sospecha.

Además, se había constituido a través de una sociedad por acciones simplificada (SAS), cuando hay una normativa que prohíbe a las cámaras pertenecer a ese tipo de compañías, sólo pueden hacer convenios sin ánimos de lucro. “La obligación mía es salvaguardar los intereses de la Cámara y de la región y como el procedimiento estaba mal hecho, me reuní con la junta directiva para echarlo para atrás esa sociedad”, sostiene Vega.

Al 27 mayo la CCV había celebrado cinco convenios con Invest In Orinoquía por 490 millones de pesos, aparentemente para desarrollar proyectos estratégicos para la región. Uno de los contratos era el estudio de los globos aerostáticos para hacer un festival de globos en el Meta, otros para la construcción de una zona franca y un centro de convenciones y exposiciones con un plazo de dos y tres meses.

Llamaba la atención que los contratistas pedían prórrogas en tiempo para cumplir los contratos con la excusa del cierre de la vía al Llano, que nada tenía que ver el objeto de esas labores. En ese momento Fiscalía, Contraloría y la Procuraduría estaban al tanto de los convenios porque generaban sospechas.

El año pasado de 93.000 matrículas sólo renovaron 45.000, posiblemente por el bajo nivel de reputación de la entidad, la creación de empresas de papel que en realidad no representan el comercio y que aparecen para cada elección de la junta directiva.

Vega agrega que no había un censo empresarial y el registro único de proponentes que debía salir en cinco días se demoraba un mes, excepto el de los comerciantes que los funcionarios corruptos ‘vacunaban’.

Mauricio Vega, actual presidente ejecutivo de la CCV.

Esa fue la primera queja que recibió Vega. “Eso es gravísimo, por esa razón trajimos a dos agentes del CTI encubiertos para que investigarán qué estaba pasando y en este momento el trámite se demora tres días”, sostiene.

La CCV ha brillado por su ausencia en toda la región. Con una nómina de 150 funcionarios, no tenía el personal calificado para cumplir las funciones. Tiene una oficina receptora para recibir documentos en las capitales de los departamentos, pero no hay calidad ni excelencia y hay quejas hasta de la Presidencia de la República y le iban a quitar Vichada que iba a montar su propia cámara.

Antes de llegar Vega y de que se vencieran algunos contratos de los directores y de los algunos cargos claves les renovaron a tres años. Por eso Vega sostiene que apenas ha podido hacer dos cambios de funcionarios -la directora de registro y al director administrativo que les canceló el contrato con justa causa- “porque estoy amarrado en razón a que son indemnizaciones muy costosas”, dice.

Tenemos un plan estratégico para este año y sacarla adelante. Porque es la obligación de la entidad recuperar la viabilidad financiara y la reputación de una de las cámaras de comercio del país con mayor cubrimiento geográfico: los departamentos del Meta, Vichada, Guanía y Vaupés, y el municipio de Paratebueno (Cundinamarca).

NELSON ARDILA ARIAS
Para EL TIEMPO
VILLAVICENCIO

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