Las razones que enredan el caso de Electricaribe – Barranquilla – Colombia

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Aunque el viernes pasado, de manera sorpresiva, el Gobierno volvió a dar un aplazamiento de tres semanas para la recepción de ofertas de inversionistas interesados en operar el difícil mercado eléctrico del Caribe, porque algunas empresas interesadas pidieron plazo para completar los documentos, hubo serias razones de fondo para tomar la decisión.

Al preguntársele a la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, sobre si la medida obedecía al bajo interés por el mercado Caribe Sol y a que Celsia aún no está convencida de postularse, insistió en que el tiempo de más se dio para que las firmas pudieran terminar la preparación de sus ofertas.

Sin embargo, fuentes enteradas del tema le indicaron a este diario que hay cuatro causas de peso que tienen a los interesados haciendo cuentas muy detalladas, no obstante que la junta directiva de EPM ya avaló a la compañía para presentar oferta por Caribe Mar, mientras que, antes del aplazamiento, las posibilidades de que Celsia se marginara de competir por este mercado eran altas.

Y si bien la agente interventora de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas, le confirmó a este diario que el esquema de división del mercado ‘sí’ incluye detalles e inventarios de elementos, las personas consultadas señalan que uno los serios escollos es la titularidad real de varios activos.

En este sentido, por ejemplo, hay en Atlántico unas líneas del sistema de distribución local (SDL) asociadas a la central térmica Zona Franca Celsia, que el año pasado fue vendida a inversionistas americanos, pero una parte de dichas redes siguen siendo propiedad de Grupo Argos y no están a nombre de Electricaribe.

En segundo lugar, de acuerdo con las fuentes, hay una fuerte incertidumbre por los efectos que algunas decisiones judiciales pendientes puedan tener en los inversionistas que se arriesguen a hacer la oferta y ganen.

El caso puntual tiene que ver con dos acciones de tutela pendientes, una en el Tribunal de Bolívar y otra en el Tribunal del Magdalena, interpuestas por el sindicato de pensionados de la compañía, que tendrían un impacto importante en materia del pasivo pensional.

Una tercera barrera son las llamadas restricciones, un cargo que hoy pagan todos los usuarios del país en sus facturas, por la energía que no puede llegar de las plantas generadoras a los consumidores, por dificultades en redes locales y demoras en los mantenimientos, entre otros.

La preocupación de los interesados en Electricaribe es por una norma que el año pasado puso en consulta la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) -que no ha quedado en firme-, que propone ajustes para que estos costos los paguen los agentes que los causan, ya sea por retrasos en la expansión, restricciones eléctricas de su responsabilidad o mantenimiento de activos.

Y, cuarto, otro elemento que ha incidido es que el Gobierno estaría buscando asegurar una firma que opere el mercado Caribe Sol (Atlántico, La Guajira y Magdalena), en caso de que no aparezcan oferentes.

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