Qué está pasando en Playa Blanca – Otras Ciudades – Colombia

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La realidad no se arregla negándola, sino haciéndole frente para poder resolverla.
Publicaciones recientes en la prensa de todo el país han puesto sobre la mesa de las grandes preocupaciones colombianas (como si hiciera falta una más) lo que está pasando en las playas de Cartagena que más visitan los incontables turistas nacionales y extranjeros.

Por ejemplo, la muerte de una joven universitaria barranquillera que fue golpeada por una lancha en las aguas azules de ese paraje paradisíaco y al mismo tiempo caótico que se llama Cholón.

La Procuraduría General de la Nación, que en los últimos tiempos ha venido investigando juiciosa y cuidadosamente este problema, ha detectado que la situación más grave y preocupante es la que se está viviendo en la playa más hermosa de las que rodean a Cartagena. Se llama Playa Blanca y queda en la isla de Barú, al pie del canal del Dique, que los conquistadores españoles construyeron para unir el río Magdalena con las aguas del mar Caribe en la bahía de Cartagena.

Visto desde la arena de Playa Blanca, cuando va muriendo la tarde, el ocaso se vuelve una maravilla de la naturaleza, con el sol hundiéndose allá en el poniente, a darse un baño de mar antes de irse a dormir.

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Queda a media hora de Cartagena en lancha o a cuarenta minutos por el nuevo puente que construyeron en el cruce del pueblo de Pasacaballos, encima del canal. Pues bien: para que sepan ustedes, de un extremo al otro de Playa Blanca hay 3,2 kilómetros de largo. Y es entonces cuando empieza la tragedia.

A metro por persona

Según las pesquisas adelantadas por la Procuraduría, un fin de semana con puente festivo, o en época de vacaciones, diariamente se congregan allí 2.200 visitantes, más 1.200 vendedores. Por día, repito. Si usted hace cuentas, va a quedar tan aterrado como quedé yo: el promedio es que salen a menos de un metro de espacio por persona.

La misma Procuraduría ha establecido que el problema se acrecentó y se agravó desde hace seis años, en el 2014, cuando fue inaugurado el puente que ya mencioné, facilitando el tráfico por carretera.

“Fue esa comunicación terrestre entre Cartagena y Barú lo que posibilitó el ingreso masivo de turistas a Playa Blanca”, dice un documento de los investigadores que tuve ocasión de leer. Desde aquel momento les han venido haciendo advertencias a los gobernantes cartageneros sobre lo que podría ocurrir en tres frentes –ambiental, étnico y un tercero que incluye seguridad, salubridad e higiene– si no se ejerce autoridad en esa zona. Hasta ahora, la situación sigue igual. Igual, no: peor.

Los extranjeros y las invasiones

El caso ha llegado a tales extremos que, según los procuradores que se han encargado del proceso, en Playa Blanca ya hay una auténtica invasión de inversionistas y comerciantes extranjeros.

“Hay españoles, venezolanos, argentinos y hasta salvadoreños –me dice uno de los investigadores–, que son dueños de hoteles, bares, restaurantes, empresas de paseos en lancha e, incluso, prostíbulos. Han llegado a poner banderas de sus propios países en tales establecimientos”.

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La misma Procuraduría le ha pedido a Migración Colombia, que también es un organismo del Estado, que se integre en este trabajo para hacer un censo de dichos extranjeros. Hasta ahora no ha habido respuesta alguna.

El funcionario con quien estoy conversando revisa sus documentos y después prosigue.

“No se sabe a quién le compraron esas tierras. No pagan impuestos a nadie. Emplean a los nativos, pero no les pagan prestaciones ni seguridad social. Y, como si fuera poco, están empezando a crecer el microtráfico de drogas y la explotación sexual de turistas”.

Urgente: cerrar las playas

La situación ha llegado ya a tales extremos que logré conseguir copia de un oficio que el procurador provincial de Cartagena, Guidobaldo Flórez Restrepo, le envió hace poco más de un mes a William Dau Chamat, el nuevo alcalde.

En ese documento le informa que su despacho ha iniciado una acción preventiva para garantizar la vida de visitantes y nativos, de los deportistas, las propias playas, el medio ambiente, la seguridad y la supervivencia de los recursos naturales.

En el mismo oficio, el procurador Flórez Restrepo le pide al alcalde que evalúe “la suspensión inmediata de todas las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial en las playas urbanas y rurales y en los bienes de uso público, como son las aguas marítimas y zonas de bajamar, en particular, y ante los últimos hechos presentados, en Playa Blanca y Cholón, hasta tanto no se garanticen las condiciones de su uso”.

Fue esa comunicación terrestre entre Cartagena y Barú lo que posibilitó el ingreso masivo de turistas a Playa Blanca

Ambulancias y seguridad

Entre las garantías que la Procuraduría propone como condición para que se reabran las playas están las siguientes: delimitar las aguas entre zonas de bañistas o deportistas y zonas de lanchas, para evitar más accidentes trágicos; medidas de vigilancia y seguridad, protección efectiva y real del medio ambiente, impedir que la gente se quede a dormir en las playas, regular y controlar la existencia de hoteles u hostales.

También plantean que se establezcan en Playa Blanca y Cholón servicios de asistencia médica y de primeros auxilios, que hoy no existen, que estén dotados de ambulancias terrestres y acuáticas, así como contratar expertos en rescate y salvavidas. Además, que haya un control verdadero y efectivo tanto de los barcos de turismo como de los yates de recreación.

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En ese mismo documento, el procurador provincial Flórez Restrepo le recuerda al alcalde Dau que es la propia Constitución Nacional de Colombia, en su artículo 80, la que le ordena al Gobierno que planifique “el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible y su conservación”.

La paz y el turismo

Y, por último, Flórez se ofrece como colaborador en todo lo que sea necesario, así como en conseguir para esos planes el apoyo de las autoridades nacionales y departamentales.

Todavía falta mucho por hacer, y el camino es largo y pedregoso, pero la verdad es que aquella advertencia del señor Flórez empezó a surtir efecto: al domingo siguiente fueron a Playa Blanca el alcalde y los procuradores, a la cabeza de un equipo de trabajo, y procedieron a cumplir la primera tarea: separar con boyas las áreas destinadas a las lanchas de aquellas que están al servicio de los seres humanos, como bañistas, buceadores y nadadores.

Pero el Gobierno Nacional, hasta ahora, no se ha dado por aludido sobre esta situación. Sus organismos implicados en el caso siguen guardando silencio.

“Lo cierto –me dice un funcionario de la Procuraduría– es que las playas e islas colombianas, en ambos océanos, se han valorizado muchísimo en los últimos tres años, después de los acuerdos de paz. El turismo se ha incrementado de manera asombrosa. Pero el Gobierno no estaba preparado para eso. Ahora lo que reina es el desorden”.

¿Dónde está el Estado?

Y así fue como, dando tropezones, llegamos a la situación actual.

“Ese escenario nuevo e inesperado –agrega el mismo funcionario– cogió por sorpresa a los gobernantes locales y nacionales. En las oficinas de Bogotá reinan la confusión y el desorden. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y el propio Ministerio de Ambiente no saben con claridad cuál es su competencia en las regiones. Esa incertidumbre, precisamente, es aprovechada por la ilegalidad”.

Entonces les pido a los diversos procuradores con quienes hablo que me digan cómo se detecta la ausencia del Estado en el problema específico de Playa Blanca.

“Para ese caso concreto –me escribe uno de ellos– resulta muy triste confirmar, como lo hemos hecho, que la autoridad ambiental encargada de cuidar el Parque Nacional Corales del Rosario, en las islas de Cartagena, considera que ellos únicamente deben proteger la parte submarina donde se encuentran esos corales, pero no las playas, ni lo que pase arriba del mar”.

¿Qué tal eso? Como si el Estado no tuviera también la obligación de proteger a los seres humanos que se bañan en las playas o bucean en esas aguas, de darles seguridad, de cuidar el ambiente. ¿Dónde están los guardacostas? ¿Y la Comisión de Océanos?

Los 30 metros

Al terminar el informe que ha tenido la gentileza de enviarme, el directivo de la Procuraduría señala lo siguiente:

“Los organismos oficiales no quieren reconocer que en cada una de esas islas y playas existe una zona de amortiguación que debe ser protegida por mandato de la ley, y que está compuesta por los últimos treinta metros antes de llegar a la orilla del mar. Allí está prohibido cualquier tipo de construcción o de ocupación”.

Ese mismo funcionario, que ha visto tantos desmanes, se declara atónito cuando dice que “en Playa Blanca hemos encontrado restaurantes, bares y hospedajes a menos de tres metros del mar, prácticamente construidos dentro del agua. ¿Dónde está la Corporación Autónoma del Canal del Dique? ¿Dónde está la Alcaldía? ¿Dónde están el Ministerio del Ambiente y el viceministerio de Turismo?”.

Epílogo

En los últimos tiempos, como si hicieran falta más problemas y contratiempos, le nació otra pata al cojo. Las comunidades que viven en la isla de Barú, alrededor de esas playas, son comunidades históricas de raza negra o indígenas.

Amparándose en los derechos que les dan las leyes colombianas, exigen que se les reconozcan realmente esos derechos, se les consulte y los dejen participar en los asuntos que afectan su tierra nativa, su ambiente, su vida familiar. Tienen toda la razón.

Mientras tanto, la solución no avanza. El problema crece. Cada semana hay un escándalo porque a un turista le cobran abusivamente 80.000 pesos por un pescado frito y a otro 25.000 por una cerveza. Mientras tanto, los alcatraces y las gaviotas se mueren atragantados con bolsas plásticas, mirando la belleza del paisaje.
¿Y el Gobierno qué dice?

JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO

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